La ex alcaldesa de Madrid por el Partido Popular entre 2011 y 2015, ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas, junto con siete ex concejales más a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.800 viviendas a fondos buitre por menos de su valor real. En concreto, dichas casas fueron vendidas en 2013 a dos sociedades de Blackstone, un conocido fondo buitre, por un precio menor del de su valor real de mercado.
Según la sentencia de más de 90 páginas a la que ha tenido acceso Millcero, tanto Botella como sus siete concejales llevaron a cabo una "negligencia grave" puesto que "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público". La operación de venta de las VPO se situó en 128,5 millones, algo que contrasta con los más de 151 millones que podrían haberse interesado según el Tribunal de Cuentas. Además, cabe señalar que desde que desde que se produjo la operación, el precio del alquiler de dichas viviendas ha incrementado en un 49%. Potra otro lado, su rentabilidad patrimonial se sitúa en un 227% más, concretamente en los 662 millones.
Esta resolución tiene su origen en la denuncia que hace un año interpuso el ejecutivo de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid al Ejecutivo de Botella. En su momento, el actual ayuntamiento la calificó como "una operación sospechosa".
La sentencia señala principalmente a Fermín Oslé, el por entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. Aunque también a Ana Botella por lo que califican de "responsabilidad contable", a su mano derecha en aquel momento, Concepción Dancausa y cinco concejales más, claves en el Ejecutivo de Madrid como son Pedro María Corral Corral, María de la Paz González García, Dolores Navarro Ruis, Diego Sanjuanbenito Bonal y José Enrique Núñez Guijarro.
El veredicto afirma que no existe motivo alguno por el cual el Ayuntamiento de Madrid no tratara de obtener el máximo beneficio con la venta de los edificios a través un de un procedimiento que buscara obtener la mayor cantidad de oferta posibles. Además afirma que "el proceso de venta solo duró 14 días", tiempo que consideran "insuficiente" para realizar una operación como la que se estaba llevando acabo. Además concluye que Blackstone contaba con información privilegiada facilitada por el propio ayuntamiento y que dicho organismo obvió todos los controles, además de haber registrada una transacción de dos millones de euros a una supuesta empresa intermediaria, la cual no se ha demostrado en ningún momento que interviniera en el proceso.
Por último, cabe señalar que los ya mencionados condenados recurrirán a la Fiscalía la sentencia. Además publicaron un comunicado en el que afirman que "la Junta no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas" y que esta operación seguía lo establecido en el Plan de Viabilidad aprobado previamente. Ana Botella no se ha pronunciado de manera pública aún. Y tras la sentencia, el actual Ayuntamiento de Madrid estudia cómo poder recuperar esos edificios.
