La Constitución de 1978 supuso la culminación de la llegada de la democracia a España tras la dictadura que sufrió nuestro país por casi 50 años. La esperanza de una España más moderna, fuerte y abierta al mundo, se abría paso con el texto constitucional. Sin embargo, como ya avisaba Alfonso Guerra en una más de esas magníficas frases que hacían las delicias de todos los diarios mientras se encontraba en política, “A España no la va a reconocer ni la madre que la parió”.
Y es que, efectivamente, hoy a España ya no la reconoce nadie. La democracia ha dado paso a una sociedad totalmente distinta. Por este motivo, hay muchos que piensan que la constitución ha llegado a una crisis existencial y que para que siga siendo efectiva debe ser adaptada a un nuevo tiempo para lo que se exigen diversas reformas para la adaptación del texto a esa nueva España que ya no reconoce “ni la madre que la parió”. En este artículo haremos un repaso por las tres principales reformas que han estado más presentes en el debate político estos últimos años: Las reformas del modelo territorial, la de la ley electoral y el debate sobre Monarquía o República.
La reforma del modelo territorial
Los constituyentes de 1978 decidieron que el mejor modelo territorial para la gestión de la diversidad cultural, lingüística y social de España era un modelo de autonomías. El modelo autonómico es un modelo descentralizado que se basa en la división de competencias entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos.
Con sus más y con sus menos, el modelo autonómico ha funcionado notablemente bien estos 40 años. Sin embargo, en los últimos años debido a la polarización política creciente que ha vivido nuestro país, a la entrada de nuevas fuerzas políticas y sobre todo al conflicto catalán, gran parte de la ciudadanía exige una reforma de nuestro modelo territorial para dar un nuevo encaje territorial a Cataluña y País Vasco. Sin embargo, nos encontramos con un gran problema: las reformas exigidas van en sentidos completamente diferentes.
Mientras que una parte de la opinión pública cree que se debería avanzar en la descentralización y caminar hacia un modelo federal como el alemán, la otra parte cree que se ha cedido demasiado a las autonomías y que el gobierno central debería recuperar ciertas competencias como las de educación o sanidad. Estas opiniones enfrentadas llevan a que la clase política española evite abrir a toda costa eso que popularmente llaman “el melón de la constitución”, ya que una reforma apresurada de la constitución en un sentido u otro podría quebrar los grandes consensos que fueron alcanzados con la constitución de 1978.
Como hemos mencionado anteriormente, el debate sobre el modelo territorial está unido al conflicto catalán que se ha ido desarrollando a lo largo de toda la década. Partidos políticos como Unidas Podemos o el Partido Nacionalista Vasco plantean como solución el reconocimiento constitucional del carácter plurinacional de España y el PSOE se ha ido uniendo a este planteamiento en los últimos años desde el retorno a la secretaría general de Pedro Sánchez que afirma que España es una “nación de naciones” y que es necesario y urgente dar un encaje constitucional a esta realidad. Por el contrario, Ciudadanos, Partido Popular y Vox piensan que la solución va más bien en sentido contrario, y que la solución al conflicto territorial con Cataluña está en la recuperación de ciertas competencias por parte del Gobierno Central.
La reforma de la ley electoral
Otra de las reformas que han estado en el tablero político estos últimos años ha sido la reforma de la ley electoral, concretamente de los artículos 68, 69 y 70 que después desarrollarían el famoso y controvertido sistema D´Hondt y que establecen la provincia como circunscripción electoral.
El debate sobre la reforma de la ley electoral ha sido introducido en el escenario político de la mano de la entrada de los nuevos partidos políticos que ha supuesto seguramente el mayor revulsivo para nuestra democracia desde la transición, Unidas Podemos, Ciudadanos y VOX, que a pesar de sus diferencias políticas, coinciden en la necesidad de cambiar un sistema electoral que infla la representación de los partidos tradicionales y a los partidos nacionalistas o regionalistas y que castiga a los demás partidos con implantación a nivel nacional.
El principal problema de la citada ley electoral está en un sistema de circunscripción provincial que premia a aquellos partidos con mayor implantación en una provincia concreta y que castiga a aquellos con un voto más repartido por el territorio nacional. Además, hace que las provincias más pequeñas con un voto más estático y tradicional tengan una representación mayor que la que les correspondería en detrimento de las grandes provincias con más población.
Lo que proponen Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox es el camino hacia un modelo de circunscripción autonómica o nacional que lograría que la traslación en escaños fuera más fiel al voto real y que respondería a la España actual, cada vez más interconectada, moderna y urbana.
¿Monarquía o República?
El debate sobre Monarquía o República ha sido quizás el que más ha marcado nuestra joven democracia. Es un debate que siempre ha estado entre bambalinas en cada gobierno que ha pasado por el poder de un color político u otro. Pero ha sido con la entrada de Unidas Podemos en el parlamento cuando ha entrado en su punto de ebullición al proponer este partido un referéndum sobre la reforma constitucional para convertir España en una República Parlamentaria.
Sin embargo, el resto de grandes partidos, que constituyen tres cuartos del congreso aproximadamente, no se han mostrado favorables a este referéndum por lo que parece que a pesar de haberse puesto el debate de nuevo sobre la mesa un escenario como el propuesto por Unidas Podemos está lejos de llegar.
La reforma en la que sí coinciden todos los partidos y que seguramente sea la primera que veamos en un futuro próximo es la de la sucesión a la Corona. La Constitución recoge el derecho del varón a heredar el trono antes que la mujer. Algo que en los tiempos que vivimos se evidencia anacrónico y machista.
Gracias a la constitución de 1978, España ha vivido en estos 40 años la que quizás haya sido la época de mayor prosperidad de su historia en siglos. Pero sin duda necesita cambios, reformas y actualizaciones que la sigan haciendo útil para nuestra generación y las generaciones futuras. En los próximos años veremos si nuestra Constitución es capaz de superar esa crisis existencial que vive o de lo contrario acabará su fructífera vida para dar paso a un nuevo marco común que se adapte mejor a las nuevas realidades de una sociedad europea del siglo XXI.
