Los efectos implican la administración de medicamentos con la intención de controlar los síntomas que hacen sufrir al paciente y que no pueden frenarse con otros medios terapéuticos para acortar el tiempo de supervivencia del paciente.
La eutanasia es un procedimiento ilegal en España, pero existe un debate abierto en cuanto a la ética cívica. La Vanguardia realizó un sondeo por el Instituto Noxa, en el que el 79% de los encuestados se mostraban a favor de cambiar las leyes para que los pacientes puedan solicitar a los médicos poner fin a su vida.
El Centro de Investigaciones Sociológicas hizo una encuesta a los médicos españoles, donde el 41,5% de los médicos encuestados consideran que se debe cambiar la ley para permitir la ayuda a los enfermos que la soliciten, mientras que el 84,6% consideran que un buen sistema de cuidados paliativos no resuelve todas las solicitudes.
En algunos países europeos como Holanda, Bélgica y Luxemburgo la eutanasia y la ayuda al suicidio está admitida social y legalmente en determinados casos.
En el marco legal, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido no están recogidos en el Código Penal español en el artículo 143.3 del Código Penal, por lo que quedan excluidas la retirada de un tratamiento instaurado previamente y toda actuación que pretende controlar síntomas, aunque pueda acortar la supervivencia del paciente.
El doctor Juan Carlos Martínez Cejudo, especialista de la UCI en el Hospital Infanta Elena en Huelva, declara que “antes de legislar sobre eutanasia hay que cubrir las necesidades de los pacientes terminales con cánceres o procesos irreversibles en unidades de cuidados paliativos. Es mucho más cómodo dar el derecho a la eutanasia sin que el paciente conozca lo que son cuidados paliativos, el paciente le ponemos una dosis de morfina, se muere y así gasta poco, lo que cuesta la morfina. Es mucho más costoso darle a un paciente los cuidados paliativos dignos hasta que su enfermedad sea irreversible y fallezca en una situación cómoda y rodeado de su familia”.
