La cumbre informal de Salzburgo que tuvo lugar los pasados 19 y 20 de septiembre mostró, de nuevo, la dificultad de llegar una solución al unísono con respecto a la mayor crisis migratoria que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial.
Según la legislación de la UE, esta ha de hacerse cargo de la inmigración irregular a través de la implementación de políticas de retorno basadas en el respeto de los derechos fundamentales que todo ser humano tiene por el mero hecho de serlo. Desde su origen, el Parlamento Europeo y toda la UE como sistema, han tratado de fijar nuevas normas de asilo; así como de crear un sistema social, político y económico más equitativo en cuanto a la distribución de aquellos inmigrantes solicitantes de asilo en los diferentes Estados miembro de la Unión Europea.
Son numerosas las cumbres y reuniones en los que han participado los líderes de Europa a fin de establecer pautas y políticas para llevar esta legislación a la realidad. No obstante, aquí entra en juego la diversidad y disparidad de intereses nacionales, ideologías gubernamentales y la pluralidad de sus causas. La falta de una política de solidarización firme y conjunta en la UE es lo que ha puesto en solfa el futuro, la estabilidad y la seguridad de estos inmigrantes.
Mientras que el bloque liderado por Polonia, Hungría, Austria e Italia pretende militarizar el asunto y aplicar “mano dura” en cuanto a la política de inmigración, el otro bloque muestra la necesidad de desarrollar "la solidaridad, la responsabilidad y la cooperación”, tal y como estableció el presidente de España. Es el nacionalismo versus el europeísmo.
Dentro de este bloque nacionalista de narrativa antinmigratoria nos encontramos con países como Austria, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia o Reino Unido; entre otros. Esta coyuntura ha sufrido una expansión de una retórica excluyente y xenófoba. Los líderes de estos países justifican sus mecanismos de exclusión con argumentos económicos y culturales o identitarios, principalmente. En cuanto a los económicos, existe una extendida opinión (entre los que están en el poder y gran parte de la sociedad civil) de que los inmigrantes suponen una amenaza al empleo nacional - “vienen a quitarnos el trabajo”. En lo referente a los culturales, se suele concebir que, una vez en terreno nacional, tratan de imponer sus valores fundamentales, sin respetar los del país de acogida.
Austria está gobernado desde diciembre de 2017 por un partido antinmigración (FPÖ) caracterizado por ser nacionalista y euroescéptico. El FPÖ sigue en su línea antinmigración de principio de los ochenta bajo la continuación del lema “¡Austria Primero!”. De hecho, busca constantemente medios para implementar políticas más restrictivas en materia de inmigración. "Necesitamos inmigración cero y menos". Para ello, la política en materia de inmigración propuesta por el gobierno austriaco es excluyente, muy dura y con matices de discursos nazis: “los migrantes deben ser “concentrados” en un mismo sitio”.
Hungría es uno de los países cuyo ejecutivo cuenta con la mirada más radical en cuanto a la inmigración irregular. “Hungría no es un país de inmigrantes, no quiere ser un país de inmigrantes y no aceptará ser obligada a cambiar de parecer” afirma Viktor Orbán. Ideológicamente muy unida con el ejecutivo polaco y checo, defiende su negativa a aceptar solicitantes de asilo del plan de reubicación del pasado 2015. Se trata de los dos países que tienen la postura más radical dentro de la UE. Tachan a los inmigrantes de amenazas vivientes para todos los ámbitos de la sociedad nacional. Ambos países abogan por el cierre de fronteras de la ruta de los Balcanes Occidentales, la persecución penal y la deportación violenta. Orbán aboga por la “homogeneidad étnica” ante todo.
Otro de los líderes de este bloque antinmigración es Matteo Salvini (Italia) con su política de puertos cerrados. No obstante, su política antinmigración tiene un objetivo más de protesta que de xenofobia: piden, con esto, que el resto de Europa se haga responsable de las obligaciones que tiene como potencia. De esta manera, tanto “Di Maio como Salvini han dado muestras de estar dispuestos a seguir tensando la cuerda, incluso a riesgo de que se rompa”, expone la periodista María Tejero en El Confidencial.
Los Países Bajos alimentan también esta expansión xenófoba. Nos encontramos con afirmaciones de líderes gubernamentales de este calibre: “Con las fronteras abiertas somos incapaces de luchar por nuestra propia existencia” expone Gerrt Wilders (líder del Partido por la Libertad o PVV). Para el ejecutivo holandés, los inmigrantes irregulares son el “enemigo” de la nación holandesa. La fundación porCausa ofrece un listado de propuestas nacionales entre las que destacan frenar la inmigración (controlando o incluso, frenando la entrada de inmigrantes), prohibir los elementos identitarios del Islam (el Corán, el velo y las mezquitas, entre otros), romper con la Unión Europea como consecuencia de su ideología euroescéptica y recuperar la “pureza holandesa”.
La fundación porCausa muestra la retórica de Reino Unido: “las actitudes antinmigración y xenófobas han encontrado la manera de contaminar el espectro político”. Ejemplo de ello son las afirmaciones de la carrera electoral de 2012 de Theresa May en torno al tema de la migración: el objetivo era “crear en Inglaterra una atmósfera más que hostil para los inmigrantes ilegales”. Se trata, ahora, del interés de fondo de ensalzar la identidad británica como la verdadera frente a la identidad de los “otros” (Theresa May, 2018).
Por otro lado, nos encontramos con un bloque europeísta e inclusivo liderado por países como Alemania, España, Portugal o Francia; entre otros. Aquellos que van en contra de lo que Amnistía Internacional define como “la retórica del odio”, la de “nosotros contra ellos”.
Alemania, por ejemplo (bajo el lema “podemos hacerlo”) admite la necesidad de acoger a un número determinado de refugiados - a pesar del auge de la extrema derecha en el país - buscando una solución europea integrada. Merkel aboga por un esfuerzo colectivo y coherente de los líderes europeos junto con el Parlamento Europeo para seguir avanzando en materia de inmigración. Muestra del apoyo de Merkel a la causa es la cifra obtenida por la base de datos Eurostat que expone que en 2016 (punto caliente de la crisis migratoria) el porcentaje de población extranjera en Alemania alcanzó el 12,1% y los datos muestran que desde entonces, se han acogido a más de un millón de personas. Asimismo, la canciller fijó a principios de 2018, un número máximo de inmigrantes bastante alto: 1.000 familiares por mes.
En cuanto a España, el jefe de Gobierno muestra firmemente una actitud positiva frente a la inmigración. Aboga por crear una política común, coherente y solidaria basada en la responsabilidad de la Unión Europea. Muestra de ello es la propuesta de refuerzo del papel del Fiscal Europeo con el objetivo de aumentar la eficiencia de la protección civil. Busca la interoperabilidad de las diferentes agencias de inteligencia , además de enfatizar la importancia de establecer nuevos vínculos de confianza con los países de origen y tránsito de los migrantes (localizados principalmente en África). Cabe mencionar que el presidente de Portugal, de Sousa, sigue fielmente estas líneas.
En lo que respecta a Francia, la política de inmigración de Emmanuel Macron se centra férreamente en la integración y la resilencia. Ejemplo de ello es la propuesta de emitir un visado de circulación para los inmigrantes que les garanticen el mismo derecho de libre circulación con el que cuentan los ciudadanos europeos. Asimismo, propone facilitar los tramites burocráticos de la obtención de asilo. Con su afirmación “Francia es un país de acogida, lo ha sido siempre, pero a día de hoy, ni Francia ni la UE pueden acoger sobre su suelo a todos los inmigrantes”, aboga (al igual que España, Portugal y Alemania) por la construcción de una política coherente en la UE.
Son muchas las visiones y dispares peticiones que aparecen en la Unión Europa. No obstante, la mayoría de líderes europeos coinciden en un aspecto clave: es necesario construir colectivamente una política en materia de inmigración conjunta y coherente que permita solucionar la crisis migratoria del momento.
