Amaneció el miércoles 20 de septiembre con la personación de agentes de la Guardia Civil en la sede de la Consejería de Hacienda y Vicepresidencia catalana con una orden de registro y detención expedida por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. El juez Juan Antonio Ramírez Sanyer puso en marcha esta operación tras recibir una denuncia el pasado mes de febrero por parte del partido político VOX, basándose en las declaraciones del ex senador por ERC, Santi Vidal, en las que afirmaba que la Generalidad de Cataluña estaba obteniendo de manera ilegal datos fiscales de los ciudadanos con el fin de elaborar un censo electoral para un futuro referéndum.
Además, los registros y detenciones también se efectuaron en los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación de la Generalidad. En total se ejecutaron 14 detenciones, entre los que se encuentran altos cargos del gobierno catalán como son Josep María Jové, secretario general de Hacienda y números dos de Junqueras y Josep Lluis Salvadó, secretario general de hacienda y número tres del vicepresidente catalán. Además, también se encuentran detenidos Xavier Puig, responsable de comunicación de la Generalidad, Joan Ignasi Sánchez, jefe de gabinete de la Consellera de gobernación o Josué Sallent, jefe de estrategias de comunicación. Sobre todos los detenidos pesan diversas acusaciones, desde revelación de secretos o desobediencia, hasta prevaricación y malversación de fondos públicos; delitos que acarrean pena de prisión.
Pero los edificios oficiales no fueron los únicos en lo que la policía intervino. A eso de las 13:30 horas la Policía Nacional irrumpió en la sede de la CUP en busca de pruebas que demostrasen la participación de la formación anti-sistema en la organización del 1-O. Tras siete horas de registros, los agentes salieron de la sede del partido entre una gran multitud controlada por antidisturbios entre cánticos y gritos de “la calle es nuestra” o “no pasarán”.
Golpe a la logística
El magistrado Sanyer también ordenó la detención del jefe de almacén de la localidad Bigues i Riells(Barcelona) donde se incautaron casi 10 millones de papeletas con la pregunta y respuesta sobre el referéndum destinadas a los colegios electorales. Esto supuso un duro golpe a la logística para celebrar el 1-O, ya que esto se suma a la incautación del martes de más de 45.000 notificaciones en almacenes de ciudades periféricas a Barcelona para constituir las mesas electorales.
La @guardiacivil interviene 10 millones de papeletas de votación y diversa documentación para el #referéndum anulado por el Constitucional. pic.twitter.com/TdimnvLcYg
— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 20 de septiembre de 2017
Tras estas incautaciones, solo falta localizar las miles de urnas destinadas a los colegios electorales que el gobierno catalán aún mantiene ocultas. Los agentes del Instituto Armado (Guardia Civil) no descartan que sean requisadas a lo largo de esta semana.
Reacción política
A sus señorías esta maniobra de las fuerzas del orden españolas les pilló por sorpresa en medio del pleno de sesión de control al gobierno español y catalán. En el Congreso, el diputado por ERC Gabriel Rufián invitó a Mariano Rajoy a “que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas” y que “están deteniendo a cargos electos catalanes por sus ideas” ante lo que el presidente del gobierno le respondió que la operación está ordenada por un juez y no por el gobierno y que además “estaban avisados”.
Rufián a Rajoy
— AsilVestraO#NoTTiP (@Lolo_Sev) 20 de septiembre de 2017
La constitución se la cargo usted un verano del 2011 junto con sus colegas del PSOE, saque sus sucias manos de cataluña pic.twitter.com/QmzrtYGGSH
Al conocerse la noticia comenzaron a concentrarse frente a los edificios registrados cientos de personas, a los que llegaron a millares tras la convocatoria de tomar las calles por parte de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Los manifestantes llegaron portando urnas simuladas y claveles. Esta concentración permitió a Junqueras acceder a la Consejería de Economía entre aplausos y gritos de apoyo.
Puigdemont: “El estado ha aplicado el estado de excepción”
Horas después del inicio de la operación policial, el presidente de la Generalidad compareció ante los medios de comunicación rodeado de altos cargos del gobierno catalán acusando al estado español de haber declarado “un estado de excepción en Cataluña” y de “suspensión de facto del autogobierno catalán”. En su comparecencia recalcó que “utilizarán las armas que tienen: una respuesta ciudadana”.
Tras las declaraciones de Puigdemont, no tardó la réplica del presidente del Gobierno español, en las que se mantuvo firme ante el desafío soberanista afirmando que “cada vulneración a la legalidad tendrá su respuesta firme y proporcionada” y que los dirigentes catalanes “aún están a tiempo de evitar males mayores”.
Caída del día y altercados
Pasada la media noche y concluidas las concentraciones organizadas por las organizaciones independentistas, aún seguían concentradas ante las puertas del edificio de Economía más de un millar de personas para impedir la salida de los agentes que aún permanecían en su interior. Alrededor de las siete de la mañana tras casi 24 horas atrincherados, los integrantes del grupo de Instituto Armado de la Guardia Civil pudieron abandonar la sede tras varias cargas por parte de los Mossos d´Esquadra y entre un fuerte cordón policial realizado por los mismos.
El típico Estado policial y represivo VS. la masa democrática de las sonrisas y las papeletas. pic.twitter.com/kxLdIMf9wy
— Joven Europeo (@JovenEuropeo) 21 de septiembre de 2017
Los manifestantes, que aún permanecían delante del edificio en La Rambla, zarandearon e insultaron a los agentes, además de destrozar un coche propiedad de este grupo que permanecía en los exteriores pinchándole las ruedas y destrozándole las lunas, forrando el vehículo con pegatinas y banderas independentistas. Por último, robaron armas del interior del coche que finalmente fueron recuperadas tras la mediación de varios políticos.
Saldo final
Tras esta intervención judicial, queda un saldo de casi 10 millones de papeletas incautadas- el 80% según las estimaciones del gobierno catalán- más de un millón de carteles y folletos con propaganda sobre el referéndum de autodeterminación catalán, las planchas para su impresión y 14 detenidos por diversos delitos derivados de esta causa.
