La semana pasada, los mandos policiales de los cuerpos implicados en el control de la celebración del 1-O, mantuvieron reuniones con el fiscal en Barcelona José María Romero de Tejada, que mandó a los Mossos precintar antes del sábado 30 de septiembre, todos los lugares designados para la colocación de las urnas. Las calles también estarán controladas y "se impedirá votar en un radio de 100m del local designado para la votación" CopeCórdoba. Suponiendo que se celebrase dicho referéndum, estos serían los puntos posibles de votación.
Según el escrito de Romero de Tejada, la policía catalana se encargará de tomar declaraciones e interrogar a los responsables de los centros administrativos (centros cívicos o colegios electorales) con el objetivo de incautar todo aquel material que esté relacionado con el evento: equipos informáticos, urnas, documentación, listas.
En el caso de que la policía encuentre material relacionado con el 1-O, exigirá la entrega de todo lo que esté vinculado con este hecho. Los responsables de los edificios públicos en los que se pretenden colocar las urnas para la votación de este domingo, en el caso de que se descubran una entrega de llaves o claves de seguridad de los edificios, podrán enfrentarse a delitos como "desobediencia, prevaricación y malversación de causales públicos".
La Fiscalía reitera que el fin último es "garantizar la no constitución de las mesas y que se respete la legalidad vigente en el Estado español".